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FÉLIX GALLARDO Y LOS PADRINOS DEL PODER

Félix Gallardo: De escolta de un gobernador a fundador del cártel.

CDMX (CREATiVOZ media).- Antes de que lo llamaran «El Jefe de Jefes», Miguel Ángel Félix Gallardo fue policía judicial en Sinaloa y escolta de la familia del gobernador Leopoldo Sánchez Celis. El mandatario terminaría siendo padrino de su boda. Años después, cuando el Cártel de Guadalajara estaba en pleno ascenso, Rafael Caro Quintero y sus escoltas habrían recibido credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Entre el padrinazgo de un gobernador y las identificaciones de una corporación federal se dibuja una historia incómoda del poder en México.

La muerte de Félix Gallardo, en noviembre de 2026, devolvió la atención a los políticos y mandos de seguridad cuyos nombres quedaron ligados al auge del cártel durante las décadas de 1970 y 1980. La cercanía con Sánchez Celis quedó documentada. Otros nombres aparecen en testimonios, reportajes o versiones que los propios señalados rechazaron. Cada caso permite ver hasta dónde llega la evidencia sobre una pregunta que sigue abierta: quiénes protegieron al cártel desde el poder.

EL GOBERNADOR QUE APADRINÓ SU BODA
Leopoldo Sánchez Celis gobernó Sinaloa de 1963 a 1968. Félix Gallardo ingresó a la Policía Judicial del estado y llegó a trabajar como escolta de la familia del mandatario. La relación salió del terreno laboral cuando Sánchez Celis fue padrino de su boda con María Elvira Murillo. Tiempo después, Félix Gallardo y su esposa apadrinaron la boda de Rodolfo Sánchez Duarte, hijo del exgobernador. Entre el político y el exjudicial también hubo vínculos empresariales.

Ese trato ilustra el acceso que Félix Gallardo tuvo a los círculos de poder sinaloenses desde antes de convertirse en uno de los principales narcotraficantes del país. Entró en la órbita del gobernador como policía y acabó compartiendo con él compromisos familiares y empresariales.

TOLEDO CORRO Y LAS ACUSACIONES DE PROTECCIÓN
Antonio Toledo Corro, gobernador de Sinaloa entre 1981 y 1986, fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntamente proteger a Félix Gallardo, según reportes retomados en investigaciones periodísticas. Una de las versiones sostenía que incluso le habría permitido alojarse en uno de sus ranchos.

También circuló la versión de que Toledo Corro habría tenido un hijo con una hermana de Félix Gallardo. El exgobernador rechazó los señalamientos y los atribuyó a ataques de sus adversarios políticos. La supuesta protección quedó en el terreno de las acusaciones, sin una responsabilidad judicialmente acreditada.

LOS NOMBRES QUE LLEGARON AL GABINETE
El secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena volvieron central la pregunta sobre la protección institucional del Cártel de Guadalajara. En 2021, la periodista Anabel Hernández retomó testimonios de exagentes que hablaban de presuntas reuniones y contactos de funcionarios con personas del entorno criminal. Entre los nombres mencionados figuraba Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Reportajes basados en archivos desclasificados de agencias estadounidenses también recogieron sospechas de que funcionarios mexicanos de alto nivel pudieron beneficiarse de la protección al narcotráfico. Bartlett rechazó los señalamientos. Ese mismo año, el investigador del CIDE Carlos Pérez Ricart sostuvo que, tras revisar la documentación disponible sobre el caso Camarena, no encontró pruebas que vincularan al exfuncionario con el crimen.

Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional en ese mismo gobierno, también apareció en las versiones sobre los posibles contactos de Félix Gallardo con el poder político y militar. El especialista en seguridad pública David Saucedo lo mencionó junto con Bartlett entre los nombres recurrentes en esos relatos. Se trata de señalamientos sobre posibles contactos, sin una resolución judicial que establezca la participación del general en actividades criminales.

CUANDO UNA CREDENCIAL PODÍA ABRIR EL PASO
El caso de José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), pone el foco en una forma concreta de protección. Las investigaciones por el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984, derivaron en acusaciones contra Zorrilla, quien fue detenido en 1989. Entre los señalamientos sobre su paso por la corporación figura la presunta entrega de credenciales oficiales a Rafael Caro Quintero y a sus escoltas.

Una identificación federal podía facilitarles el paso por un retén o evitar que otra autoridad los interrogara. El señalamiento se refiere a Caro Quintero y a sus acompañantes. La pregunta que plantea alcanza a la institución que Zorrilla dirigía y al uso que pudo hacerse de sus credenciales en beneficio de integrantes del cártel.

LO QUE QUEDÓ PENDIENTE
David Saucedo ha señalado que Félix Gallardo entendió el valor de cultivar contactos con policías, mandos militares, funcionarios y políticos para facilitar las operaciones de su organización. Su trayectoria deja ver cómo se ganaba ese acceso. En Sinaloa, un escolta terminó emparentado por compadrazgo con un gobernador. En el ámbito federal, las credenciales de una corporación de seguridad habrían terminado en manos de otro de los jefes del cártel y de sus hombres.

La muerte de Félix Gallardo dejó sin respuesta una parte de la historia que le corresponde a la política mexicana. Del lado del cártel se conocen los nombres de sus jefes. Del lado del poder sigue pendiente saber quién abrió las puertas, quién puso recursos públicos a su alcance y quién rindió cuentas por ello.

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