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A UN AÑO DE LA TRAGEDIA EN WALDOS, REFORMA A LEY DE PC

por Arturo Soto Munguía

En el mismísimo día de muertos -cruel paradoja- se cumplió el primer año de la explosión de un transformador instalado irregularmente en el interior de una tienda de la cadena Waldos, en Hermosillo.

El saldo de la tragedia fue de 24 personas muertas, incluyendo niños y un nonato que murió con su madre entre la explosión, el fuego y los gases tóxicos.

Un día tristísimo para esta capital, que no merece otra tragedia de este tipo, cuando no han cicatrizado las heridas por la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009. En ambos casos se trata de eventos que pudieron ser evitados con la observancia de la normatividad en materia de Protección Civil, pero sobre todo, sin la cadena de omisiones y corruptelas públicas y privadas que derivaron en dolor y luto para cientos de familias.

Ayer, al cumplirse un año de la explosión en Waldos, el gobernador Alfonso Durazo hizo publicar una reforma constitucional que establece el derecho humano a la protección civil y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador expresó su respeto, solidaridad y acompañamiento con quienes perdieron un ser querido y reiteró su compromiso con la no repetición: “El paso del tiempo no borra la ausencia ni existen palabras que puedan reparar una pérdida de esta magnitud”, dijo.

Esta reforma busca transformar el modelo de protección civil en Sonora, al pasar de un esquema principalmente reactivo a uno preventivo, con políticas públicas orientadas a identificar riesgos, reducir vulnerabilidades y proteger la vida de las personas.

El nuevo instituto será autónomo en el diseño de sus políticas, su titular saldrá de una convocatoria abierta a la ciudadanía, evaluado por un Comité Técnico Especializado y la ratificación de dos terceras partes del Congreso, disponiendo de un Consejo Ciudadano y un Consejo Técnico Asesor integrado por especialistas.

La reforma ya fue aprobada por el Congreso, en tanto se trabaja con la sociedad civil y especialistas para elaborar la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fortaleciendo además la asignación presupuestal para las instituciones del ramo.

“A las familias de las víctimas les decimos con toda firmeza: no están solas. Seguiremos acompañándolas porque la memoria de quienes ya no están nos obliga y la confianza de quienes siguen esperando nos compromete, Y ante ambas, el Estado no tiene derecho a fallar”, dijo.

Diseño y desarrollo de JR Álvarez Iceido